Ayuntamiento garantiza legalidad en otorgamiento de plazas

Ante la dinámica de desinformación emanada de ciertos grupos políticos respecto a la resolución del Cabildo por otorgar el nombramiento de bases a favor de diversas trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento y sus entidades, la administración local aclara lo siguiente:

Que las garantías derechos y laborales de los trabajadores de la administración municipal se respetaron en todo momento conforme a la ley, sin prácticas irregulares como sucedía en el pasado.

“Desde hace unas semanas atrás se ha hecho de conocimiento público el proceso (de otorgamiento). La Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública aprueba y posteriormente el Cabildo hace el proceso correspondiente”, detalló la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco.

Acotó que ninguna de las bases de trabajadores sindicalizados que fallecieron durante el trienio se removerán o quitarán al sindicato, pues el Ayuntamiento actuará conforme a sus principios de ponderación a la autonomía de esta instancia. 

Sobre las facultades de los líderes sindicales para intervenir en el nombramiento de las bases laborales, el secretario del Ayuntamiento, Edgar Damián Romero Suárez, tildó que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Municipio no dicta en ninguno de sus artículos que la Comuna deba acatar las disposiciones de esta figura en la materia, por el contrario, sí establece en el artículo 98 que no se puede aceptar la cláusula de exclusión en las relaciones colectivas de trabajo, es decir, ese privilegio que se perpetuaba a los sindicatos para elegir quiénes ingresan al servicio público de la capital.

“El Ayuntamiento tiene la obligación, al seleccionar las plazas de base, de atender a los requisitos de la ley, la presentación eficiente de los servicios públicos, y a que estas personas cumplan con las condiciones del nombramiento”, acotó el funcionario. 

La información de estas basificaciones se hará pública en próximos días en la Gaceta Municipal, cuidando en todo momento los derechos a la protección de datos personales de las y los servidores públicos involucrados.

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